Introducción
En las últimas décadas, el auge del término "común" ha acompañado la reactivación de debates sobre la propiedad, la gestión de recursos compartidos y las formas de vida cooperativas en contextos de crisis ecológica, neoliberalización de las políticas públicas y expansión de infraestructuras digitales. Desde la economía institucional hasta la teoría política, pasando por la antropología y los estudios urbanos, el problema de cómo sostener lo común frente a los cercamientos y la mercantilización se ha convertido en un eje privilegiado para pensar las transformaciones contemporáneas. Sin embargo, gran parte de esta discusión sigue anclada en una ontología del recurso: el común aparece como un bien delimitable cuya sostenibilidad dependería en última instancia del diseño de consensos, acuerdos institucionales adecuados.
El punto de partida clásico de este marco es el célebre ensayo de Hardin (1968) The Tragedy of the Commons donde la búsqueda racional del interés individual conduce inevitablemente a la sobreexplotación de los recursos compartidos. A este diagnóstico pesimista responderán los trabajos empíricos de Ostrom (1990, 2010), que muestran la existencia de comunidades capaces de diseñar reglas de acceso, monitorización y sanción que garantizan la sostenibilidad de los common-pool resources. La crítica de Ostrom desmonta la inevitabilidad de "la tragedia" y abre la puerta a imaginar formas de autogobierno más allá de la dicotomía Estado-mercado. No obstante, incluso en esta revisión optimista, lo común sigue pensándose principalmente como recurso susceptible de ser gestionado y regulado.
Paralelamente, una constelación de trabajos ha insistido en que lo común desborda la categoría de recurso y remite, ante todo, a formas de coactividad política, prácticas instituyentes y modos de vida compartidos. Para Dardot y Laval (2015), el común no es una cosa sino un principio normativo que emerge de la deliberación y la acción colectiva; para De Angelis (2017), el commoning designa procesos conflictivos de cooperación que se enfrentan a continuos cercamientos capitalistas. En la obra de Hardt y Negri (2004, 2009), lo común nombra tanto bienes materiales como saberes, afectos e infraestructuras cooperativas que exceden las formas clásicas de propiedad pública y privada. Estas propuestas desplazan el foco desde la pregunta por la gestión eficiente de un recurso hacia el análisis de las luchas, las instituciones y las subjetividades que producen y sostienen lo común.
En este artículo se propone analizar ese desplazamiento, trasladando la pregunta por el común desde el terreno de los recursos hacia la investigación en curso en torno a un espacio social producido a partir de relaciones de poder -materiales, institucionales y simbólicas- que operan como micropoderes: influencias, conflictos, acuerdos y negociaciones que, al sedimentarse, producen y delimitan lo que puede ocurrir en cada lugar. Inspirándose en la teoría de la producción del espacio de Lefebvre (1968, 1974) y en las reflexiones de Harvey (2013) sobre el derecho a la ciudad y los procesos de acumulación por desposesión, se argumenta que las disputas contemporáneas en torno a lo común se juegan crecientemente en clave espacial e infraestructural. No se trata solamente de quién gestiona qué recursos, sino de cómo se configuran las formas urbanas, las redes de servicios, los dispositivos técnicos y las arquitecturas que hacen posibles -o imposibles- ciertas maneras de habitar, decidir y cooperar.
Este giro espacial se vuelve particularmente evidente si se atiende a los diagnósticos sobre la creciente fragmentación urbana. Davis (1990) describió la metrópolis de Los Ángeles como un laboratorio extremo de "enclaves fortificados" y "geografías del miedo"; Sassen (2014) ha mostrado cómo la financiarización y los regímenes de expulsión reordenan radicalmente el mapa urbano; Secchi (2013), por su parte, sintetiza estas tendencias en la imagen de una "ciudad de los ricos" y una "ciudad de los pobres", donde la desigualdad se condensa en infraestructuras, accesibilidades y protecciones diferenciales. La ciudad contemporánea aparece, así como un conjunto de espacios marginales que materializan relaciones de clase, culturas y ciudadanía.
Frente a este paisaje de fractura y expulsión, distintos autores han señalado el papel de los espacios autogestionados, ocupados o asamblearios como lugares en los que se ensayan formas alternativas de compartir y gobernar lo urbano. La propuesta de Stavrides (2016) de pensar la ciudad como common space resulta aquí central: los espacios devienen comunes no por una cualidad inherente, sino a través de prácticas de commoning que configuran modos de acceso, uso, cuidado y co-decisión. Leídos desde la Actor-Network Theory (Latour, 2005; Latour & Yaneva, 2008) -como técnica metodológica utilizada para el análisis de trabajo de campo-, estos espacios pueden entenderse como ensamblajes sociotécnicos en los que cuerpos, artefactos, normas e infraestructuras, se articulan para sostener formas de vida en común.
Este artículo se inscribe en una investigación sobre espacios asamblearios urbanos en la ciudad de Madrid, centrada en la construcción política del espacio y las infraestructuras vivas de lo común. A partir de ese trasfondo empírico, el objetivo del texto es doble. En primer lugar, ofrecer una relectura crítica del debate sobre los comunes que permita ir más allá de la oposición entre "tragedia" y buena gobernanza institucional, incorporando la dimensión espacial e infraestructural de lo común. En segundo lugar, proponer la noción de construcción política del espacio como un marco para articular, en un mismo análisis, las cartografías de la desigualdad urbana y las prácticas de commoning que, en espacios asamblearios concretos, intentan rehacer la ciudad como espacio común.
La estructura del artículo se organiza en los siguientes apartados claramente diferenciados. En la primera sección se revisa el debate clásico en torno a la tragedia de los comunes y las propuestas de gobernanza policéntrica de Ostrom, así como algunas de las críticas que, desde la teoría política y la economía crítica, han intentado desbordar la ontología del recurso, proponiendo un desplazamiento conceptual hacia una comprensión del común como proceso político. En la segunda, se desarrolla el giro espacial del análisis, retomando la producción del espacio de Lefebvre, el derecho a la ciudad de Harvey y las contribuciones de Hardt y Negri en torno a lo común. La tercera sección se detiene en el diagnóstico de las "geografías fracturadas", en cuanto a configuraciones urbanas en las que el espacio aparece segmentado en enclaves profundamente desiguales, en diálogo con autores como Davis, Sassen y Secchi. La cuarta sección aborda los espacios asamblearios urbanos como common spaces, incorporando la propuesta de Stavrides y su lectura desde la Actor-Network Theory (ANT) como ensamblajes sociotécnicos. A continuación, se desarrolla un apartado específico dedicado a las infraestructuras vivas de lo común, donde se profundiza en su dimensión material, organizativa y conflictiva en contextos urbanos fragmentados. Finalmente, en las conclusiones se sintetiza la propuesta de la construcción política del espacio como herramienta analítica para repensar el común en la ciudad, señalando sus implicaciones para la antropología urbana y los estudios críticos de infraestructuras.
Problematización del común
El relato clásico sobre los comunes en las ciencias sociales se organiza en torno a una escena fundacional: un recurso compartido es utilizado por individuos racionales que persiguen maximizar su beneficio personal; al no existir límites efectivos a la explotación, cada actor tiene incentivos para incrementar su uso del recurso, lo que conduce finalmente a su agotamiento. Esta es, en lo esencial, la tragedia de los commons formulada por Hardin (1968). La "tragedia" aparece como una consecuencia inevitable de la combinación entre racionalidad individual y acceso colectivo, de modo que las únicas soluciones imaginables parecen ser la privatización de los recursos o su gestión centralizada por parte del Estado.
El diagnóstico de Hardin no solo reposaba en una antropología implícita sobre los individuos, sino también en una concepción muy específica del común: un recurso finito, fácilmente mensurable, expuesto a la sobreexplotación y desprovisto de mecanismos internos de regulación colectiva. Desde finales de los años setenta, los trabajos de Ostrom y su equipo se propusieron cuestionar empíricamente esa inevitabilidad. A través de estudios de caso en sistemas de riego, bosques comunitarios o pesquerías, Ostrom (1990, 2010) mostró que numerosas comunidades rurales habían desarrollado, a lo largo del tiempo, complejas reglas de acceso, sanción y monitorización que evitaban la sobreexplotación de los recursos.
La contribución de Ostrom es doble. Por un lado, desactiva el argumento determinista de Hardin mostrando que no existe una relación lineal entre acceso común y colapso del recurso. Por otro, formula un conjunto de principios de diseño -claridad en los límites del recurso y del grupo de usuarios, mecanismos de monitorización, sanciones graduadas, espacios de resolución de conflictos, reconocimiento por parte de autoridades externas que habrían de guiar la construcción de instituciones robustas para la gestión de los common-pool resources. Sin embargo, pese a la potencia de esta revisión, el horizonte ontológico permanece relativamente estable: el foco analítico sigue situado en el recurso y en sus reglas de gestión.
Una parte de la literatura crítica ha señalado precisamente los límites de esta ontología del recurso. Desde la teoría política, Dardot y Laval (2015) argumentan que lo común no puede reducirse a un bien ni a un tipo específico de propiedad; es, más bien, un principio político que solo existe en la medida en que una colectividad se autoorganiza para instituir reglas de uso, acceso y co-decisión. En lugar de preguntar qué es un recurso común, se trataría de interrogar cómo se produce, se afirma y se defiende lo común en prácticas concretas. El énfasis se desplaza, así, de la arquitectura institucional a los procesos de subjetivación y conflicto que hacen posible sostener formas de vida comunes.
Desde una perspectiva cercana, aunque más anclada en la economía política, De Angelis (2017) propone la noción de commoning para subrayar el carácter procesual y conflictivo de lo común. El común no es un objeto estático ni un estado de equilibrio, sino un conjunto de prácticas sociales situadas que emergen en condiciones de antagonismo frente al capital y al Estado. Los procesos de commoning implican siempre tensiones entre cooperación y conflicto, entre apertura y cierre, entre reproducción social y lógicas de valorización. De Angelis insiste en que los comunes se constituyen en contextos de "cercamientos continuos" -privatizaciones, recortes, expropiaciones y que cualquier análisis serio del común debe incorporar esa dimensión de lucha y vulnerabilidad.
En este contexto, las contribuciones de Hardt y Negri (2004, 2009) operan un segundo desplazamiento decisivo: lo común deja de designar exclusivamente recursos naturales o bienes materiales para abarcar también saberes, afectos, lenguajes, capacidades cooperativas y redes de comunicación. En Multitude (Hardt & Negri, 2004) y, especialmente, en Commonwealth (Hardt & Negri, 2009), lo común aparece como un terreno de disputa ontológica donde se juega la posibilidad de formas de vida no capturadas por la lógica del capital. Frente a las dicotomías tradicionales entre público y privado, el común remite a la producción y gestión cooperativa de lo que permite la reproducción de la vida social. Releído desde estas aportaciones, el debate inaugurado por Hardin y revisado por Ostrom aparece, al mismo tiempo, necesario e insuficiente. Necesario, porque pone sobre la mesa el problema de la sostenibilidad de recursos compartidos y la importancia de arreglos institucionales que eviten la sobreexplotación. Insuficiente, porque deja en segundo plano las dimensiones conflictivas, políticas y espaciales de lo común. El énfasis en diseñar "buenas instituciones" puede invisibilizar tanto los procesos de expulsión y desposesión que transforman las condiciones materiales de la vida en común como las luchas que intentan reconstituirla.
En esta sección se ha propuesto, por tanto, problematizar el relato dominante sobre los comunes, no como un mero marco teórico de referencia, sino como un campo de debate en disputa, mostrando cómo la oposición entre tragedia inevitable y gobernanza exitosa se asienta sobre una concepción restringida de lo que cuenta como común.
El siguiente paso consiste en desplazar el foco hacia el espacio: entender que lo que está en juego no es solo la gestión de recursos delimitados, sino la configuración de las formas urbanas, las tramas infraestructurales y los ensamblajes sociotécnicos que hacen posible -o impiden- la producción de lo común. Es en ese movimiento, guiado por la teoría de la producción del espacio de Lefebvre (1968, 1974), las reflexiones de Harvey (2013) sobre el derecho a la ciudad y las propuestas de Hardt y Negri (2009) sobre lo común, donde se sitúa la noción de construcción política que articulará las secciones siguientes.
El giro espacial del común
Desplazar el análisis del común desde los recursos hacia el espacio implica asumir que la ciudad no es un telón de fondo neutro, sino un objeto profundamente político. La obra de Lefebvre constituye aquí un punto de inflexión. En Le droit à la ville (Lefebvre, 1968) y, sobre todo, en La production de l'espace (Lefebvre, 974), Lefebvre sostiene que el espacio es una producción social resultante de la articulación entre prácticas cotidianas, representaciones técnicas y concepciones abstractas. Lejos de ser una "caja" donde se alojan relaciones sociales ya dadas, el espacio participa activamente en su constitución: organiza accesos, distribuye visibilidades, jerarquiza usos, marca distancias y proximidades. Según Lefebvre, el derecho a la ciudad no remite únicamente a la posibilidad de habitar el espacio urbano, sino a la capacidad colectiva para intervenir en su producción, reorientando las formas de vida que hace posibles.
Harvey retomará y actualizará estas intuiciones en su reflexión sobre el urbanismo del capitalismo avanzado. En Ciudades rebeldes (2013), Harvey describe cómo la ciudad deviene campo privilegiado de la acumulación por desposesión: la privatización de servicios públicos, la mercantilización del suelo, las políticas de austeridad y los grandes proyectos urbanos reconfiguran profundamente el mapa de oportunidades, expulsando a poblaciones empobrecidas y subordinando el diseño urbano a las lógicas de valorización financiera. "El derecho a la ciudad" se convierte entonces en "el derecho a cambiar la ciudad" y, con ello, a transformarnos a nosotros mismos como sujetos colectivos. De la mano de Lefebvre, Harvey subraya que las luchas contemporáneas no pueden comprenderse sin atender a las infraestructuras materiales.
Estas aproximaciones espaciales conectan de forma productiva con las discusiones en torno a lo común. Si, como plantean Hardt y Negri (2009), lo común remite a un conjunto de recursos materiales e inmateriales saberes, afectos, lenguajes, redes cooperativas- que desbordan la oposición público/privado, entonces el espacio urbano y sus infraestructuras deben ser pensados como uno de los principales campos donde ese común se produce, se captura o se destruye. En Commonwealth, Hardt y Negri (2009) insisten en que lo común no es una reserva originaria por preservar, sino un campo de lucha donde se confrontan, por un lado, procesos de apropiación y cierre (delimitaciones, privatizaciones, dispositivos de control) y, por otro, procesos de apertura, cooperación y co-producción de formas de vida.
Autores como Dardot y Laval (2015) radicalizan esta intuición al proponer que el común sea entendido como un principio político de coactividad que solo existe en la medida en que una colectividad se autoimpone reglas para compartir y decidir. Desde esta perspectiva, la pregunta no es tanto qué bienes son comunes, sino qué prácticas, instituciones y dispositivos sostienen la experiencia de algo común. De Angelis (2017), por su parte, subraya que estos procesos de commoning se desarrollan siempre en condiciones de antagonismo frente a lógicas de cercamiento y valorización capitalista: el común aparece como un "afuera" precario y conflictivo, constantemente amenazado por nuevas formas de captura.
Releídas desde la teoría de la producción del espacio (Lefebvre, 1974), estas propuestas permiten formular un desplazamiento adicional: el común no se negocia solo en la gestión de determinados recursos, sino en la configuración infraestructural de la ciudad. El acceso desigual a vivienda, transporte, equipamientos o conectividad digital produce condiciones radicalmente diferentes para la cooperación y el compartir. La distribución de plazas, parques, centros sociales o espacios de reunión no es un detalle menor, sino un componente central de las posibilidades de instituir lo común. En este sentido, las infraestructuras urbanas pueden entenderse como dispositivos que, al mismo tiempo, habilitan y limitan prácticas de commoning.
Es en este cruce donde se propone situar el modo en que la ciudad se organiza como un mosaico de enclaves profundamente desiguales. Desde aquí, se pretende nombrar el conjunto de procesos mediante los cuales actores humanos y no humanos -instituciones públicas, promotores inmobiliarios, colectivos vecinales, arquitecturas, normativas, dispositivos técnicos- configuran formas espaciales que estabilizan determinados regímenes de propiedad, accesibilidad y uso. La construcción política del espacio no remite únicamente a decisiones explícitas de política urbana, sino a ensamblajes más amplios en los que se articulan planes, proyectos, normativas, inversiones, tecnologías y prácticas cotidianas. Cada calle, plaza, parque o equipamiento es el resultado de una sedimentación de decisiones, conflictos y negociaciones que, a su vez, condicionan las luchas futuras.
La Actor-Network Theory (ANT) proporciona herramientas analíticas útiles para pensar esta dimensión infraestructural. Latour (2005) ha insistido en que las capacidades de acción no residen exclusivamente en sujetos humanos, sino que se distribuyen en redes de asociaciones entre personas, objetos, normas e instituciones. Desde esta perspectiva, el espacio urbano puede describirse como una red densa de actantes -pavimentos, mobiliario, dispositivos de vigilancia, señalética, reglamentos de uso- que configuran rutas posibles y prohibidas, ritmos, encuentros y segregaciones. El texto de Latour y Yaneva (2008), en el que proponen "hacer moverse" los edificios, subraya precisamente que las arquitecturas deben entenderse como entidades dinámicas, transformadas por los usos, controversias y reinterpretaciones que las atraviesan.
La construcción política del espacio, entendida como la idea de que el espacio no es un escenario neutro donde ocurren las cosas, sino el resultado de decisiones, conflictos y relaciones de poder se sitúa en un nivel intermedio entre la abstracción jurídica del derecho a la ciudad y las innumerables microprácticas de commoning. Por un lado, permite anclar las reivindicaciones de lo común en dispositivos concretos -vallas, cerraduras, horarios, ordenanzas, sensores, plataformas digitales- que abren o cierran posibilidades de acceso y uso. Por otro, obliga a considerar cómo esos dispositivos son, a su vez, resultado de conflictos y alianzas entre actores con posiciones desiguales de poder.
Adoptar la noción espacial desde una arquitectura política como marco analítico implica, finalmente, situar los debates sobre los comunes en el corazón de las disputas contemporáneas por la ciudad. Esto supone, por un lado, reconocer que las políticas urbanas, las operaciones inmobiliarias y las transformaciones infraestructurales participan activamente en la producción de restricciones espaciales y expulsiones; por otro, atender a las prácticas que buscan reabrir, apropiarse o reconfigurar espacios para sostener formas de vida en común. En las secciones siguientes, este marco será desplegado en dos direcciones complementarias: primero, mediante el análisis de las "geografías fracturadas" de la ciudad contemporánea; y, posteriormente, a través del examen de los espacios asamblearios como common spaces en el sentido propuesto por Stavrides (2016), leídos como bases operantes de lo común en el interior de una ciudad profundamente fragmentada.
Geografías fracturadas: la ciudad como espacio desigual
Si se asume que el espacio urbano es una producción social e histórica, resulta difícil sostener la idea de que la desigualdad sea únicamente un problema de ingresos o de oportunidades individuales. Las diferencias de clase, raza, género o estatus migratorio se inscriben de manera persistente en la forma de la ciudad: en qué barrios concentran la inversión, en qué zonas se localizan las infraestructuras críticas, quién vive expuesto a la contaminación, a las inundaciones o a los desalojos, y quién habita territorios protegidos por dispositivos policiales, arquitecturas defensivas o blindajes financieros.
Mike Davis fue uno de los primeros autores en describir esta reconfiguración del paisaje urbano. En City of Quartz (1990), su análisis de Los Ángeles reconstruye la emergencia de una metrópolis profundamente "militarizada", atravesada por lógicas securitarias que redefinen tanto la arquitectura como el uso del espacio público. Dispositivos técnicos concebidos para impedir el libre acceso o parques vallados que se cierran en determinados horarios participan de lo que Davis denomina una "ecología del miedo": la ciudad se fragmenta en enclaves fortificados y zonas estigmatizadas, donde el espacio público se convierte en un recurso escaso y vigilado.
Desde otro ángulo, los trabajos de Sassen ayudan a situar esa fragmentación en el contexto de la globalización económica y la financiarización. En sus análisis sobre la ciudad global y, más tarde, en Expulsions (2014), Sassen sostiene que el capitalismo contemporáneo ya no opera únicamente mediante formas clásicas de explotación, sino a través de dispositivos que literalmente expulsan cuerpos y comunidades de los territorios que habitan. Las dinámicas de endeudamiento, la especulación inmobiliaria, la externalización de riesgos y la creación de mercados financieros basados en hipotecas o alquileres se traducen en desahucios, desplazamientos forzados y pérdida de acceso a bienes básicos. La expulsión no es un efecto colateral, sino una técnica de gobierno económico que reordena continuamente quién tiene derecho a permanecer en la ciudad y en qué condiciones.
Si bien la noción de ciudad global propuesta por Sassen permite visibilizar dinámicas de concentración y expulsión en el capitalismo contemporáneo, también ha sido señalada por su tendencia a privilegiar ciertas centralidades urbanas, pudiendo dejar en segundo plano formas de desigualdad menos visibles, pero igualmente estructurantes.
Las ciudades globales se convierten, así, en escenarios de lo que podríamos llamar desposesión infraestructural: la pérdida del hogar se combina con la desconexión de redes de servicios, con el alejamiento de centros de trabajo y cuidados, y con la ruptura de redes sociales vecinales. De nuevo, la desigualdad no se agota en indicadores de ingresos, sino que se materializa en distancias, tiempos de desplazamiento y accesos diferenciales a escuelas, centros de salud o espacios públicos de calidad.
En el contexto europeo, Secchi sintetiza y reformula estas tendencias en su propuesta de pensar la "nueva cuestión urbana" como una cuestión de ciudad de los ricos y ciudad de los pobres (Secchi, 2013). Lejos de reducirse a una metáfora, esta distinción señala la coexistencia, dentro de un mismo territorio metropolitano, de fragmentos urbanos regidos por lógicas casi irreconciliables. La ciudad de los ricos se caracteriza por la concentración de infraestructuras de alta calidad, servicios urbanos eficientes, espacios verdes bien mantenidos y dispositivos de seguridad que protegen tanto la propiedad como determinadas formas de vida. La ciudad de los pobres, en cambio, se reconoce por la precariedad habitacional, la exposición a riesgos ambientales, la deficiente accesibilidad al transporte público y la falta de equipamientos adecuados.
Secchi insiste en que esta brecha no es un residuo inevitable del funcionamiento abstracto del mercado, sino el resultado de decisiones políticas, proyectos urbanísticos y regulaciones que asignan inversiones, permiten determinadas operaciones inmobiliarias y desatienden otras áreas. La "nueva cuestión urbana" no remite simplemente a la pobreza en la ciudad, sino a la producción activa de territorios pobres: barrios sometidos a políticas de contención, de tolerancia selectiva o de abandono, cuya condición de "problema" legitima intervenciones puntuales o dispositivos de control, pero raramente una redistribución profunda de recursos e infraestructuras. Releída desde la noción de construcción política del espacio, la ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres pueden entenderse como el resultado de ensamblajes sociotécnicos divergentes. En los enclaves acomodados, la articulación entre inversiones públicas y privadas, regulaciones urbanísticas favorables, arquitecturas de prestigio, infraestructuras eficientes y dispositivos de seguridad produce espacios de alta estabilidad, baja exposición al riesgo y fuerte capacidad de influencia política. En los territorios empobrecidos, en cambio, la combinación de precariedad habitacional, déficits infraestructurales, reglamentaciones ambiguas y presencia intermitente del Estado genera condiciones de vulnerabilidad y dependencia. No se trata solo de que unos barrios "tengan más" y otros "menos", sino de que cada fragmento urbano condensa y hace operativas relaciones de poder específicas. Las contribuciones de Davis, Sassen y Secchi permiten, por tanto, conceptualizar la metrópolis contemporánea como un entramado de espacios fragmentados. La fractura no designa únicamente la distancia física entre centro y periferia, sino la diferencia en los regímenes de derechos efectivos, de reconocimiento y de protección que se aplican a distintos grupos poblacionales. En la ciudad de los ricos, determinados colectivos disfrutan de un alto grado de inmunidad frente a los efectos más devastadores de las crisis económicas, climáticas o sanitarias; en la ciudad de los pobres, otros colectivos se ven expuestos sistemáticamente a desahucios, inundaciones, contaminación o violencia institucional. La frontera entre una y otra no siempre es visible en el plano, pero se experimenta cotidianamente en el cuerpo y en los desplazamientos.
Desde el marco operativo que brinda esta investigación, estas "geografías fracturadas" pueden leerse como la cristalización, en forma urbana, de un conjunto de decisiones y dispositivos que articulan desposesión y control. La expansión de infraestructuras de transporte que conectan ciertas áreas con los circuitos globales de la economía, por ejemplo, coexiste con la falta de inversión en redes que faciliten los desplazamientos cotidianos de quienes sostienen los trabajos menos valorados. Las políticas de rehabilitación del espacio público en barrios centrales pueden acompañarse de procesos de gentrificación que expulsan a la población residente hacia periferias peor equipadas. La instalación de cámaras y dispositivos de vigilancia en determinados nodos urbanos refuerza una sensación de seguridad para unos a costa de intensificar la vigilancia y criminalización de otros.
En este contexto, resulta especialmente relevante preguntarse qué lugar queda para lo común y para las prácticas de commoning. Una primera respuesta podría señalar que la fractura urbana erosiona las condiciones materiales de posibilidad de lo común: cuando los tiempos de desplazamiento se alargan, cuando el acceso a espacios seguros de encuentro disminuye y cuando la reproducción cotidiana se vuelve incierta, se reducen los márgenes para sostener proyectos colectivos. Las "geografías fracturadas" producen, así, formas de aislamiento espacial y social que dificultan la articulación de reivindicaciones compartidas. Sin embargo, la lectura de la ciudad como mosaico de fragmentos no implica necesariamente renunciar a la posibilidad de lo común. Más bien obliga a desplazar la mirada hacia aquellos intersticios en los que, a pesar de la desposesión, se generan infraestructuras mínimas para la cooperación y la mutualidad. En muchos contextos urbanos, las redes vecinales, los mercados informales, las asociaciones de barrio, los colectivos de vivienda o los propios espacios asamblearios emergen precisamente en territorios marcados por la vulnerabilidad infraestructural. La ciudad de los pobres no es solo un espacio de carencia, sino también un laboratorio de estrategias de supervivencia y de prácticas de ayuda mutua que pueden interpretarse, en ciertos casos, como formas incipientes de commoning.
Lo que las geografías fracturadas muestran, en cualquier caso, es que las posibilidades de instituir lo común están estrechamente ligadas a la construcción política del espacio. No es lo mismo intentar sostener un huerto autogestionado, un centro social o una red de cuidados en un barrio sometido a procesos de expulsión y abandono que en un entorno dotado de infraestructuras robustas y protegido frente a la especulación. Los proyectos de común se ven atravesados por las mismas lógicas de fragmentación que estructuran la metrópolis: pueden ser tolerados como excepciones atípicas en ciertos enclaves o bien perseguidos como amenazas en otros, dependiendo de cómo se inscriban en los regímenes locales de valor y de propiedad. En este sentido, la noción de geografías fracturadas no se limita a describir un estado de cosas, sino que ayuda a situar el análisis de los comunes en un mapa de desigualdades espaciales concretas. El reto no es únicamente diseñar instituciones de autogobierno para recursos compartidos, sino entender cómo esas instituciones se insertan en territorios donde las infraestructuras, las regulaciones y los dispositivos de control están distribuidos de forma profundamente desigual. La pregunta por lo común se convierte, entonces, en una pregunta por las condiciones espaciales que permiten que determinadas prácticas de commoning puedan arraigar, expandirse o ser derrotadas. Las secciones siguientes se adentrarán precisamente en ese terreno. A partir de la propuesta de Stavrides de pensar la ciudad como common space, se analizarán los espacios asamblearios urbanos como infraestructuras vivas de lo común que emergen y se sostienen en el interior de estas geografías fracturadas. Ello permitirá observar, de manera más precisa, cómo una visión política espacial se hace necesaria no solo para el estudio de los distintos dispositivos de marginación, expulsión y desposesión emergentes, sino también para la comprensión de nuevas formas de vida social que surgen en la ciudad contemporánea.
Espacios asamblearios y producción de lo común
Las geografías urbanas anteriormente descritas no agotan, sin embargo, la experiencia urbana contemporánea. En los intersticios de la ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres (Secchi, 2013), afloran espacios en los que distintos colectivos ensayan formas alternativas de habitar, gestionar y significar el territorio. Ocupaciones de solares abandonados, centros sociales autogestionados, huertos urbanos comunitarios, equipamientos cedidos temporalmente a asociaciones vecinales o plazas apropiadas como lugares de reunión y deliberación constituyen ejemplos de lo que, siguiendo a Stavrides (2016), puede pensarse como common spaces.
La propuesta de Stavrides supone un giro importante respecto a las concepciones del común centradas en recursos delimitados. En su lectura, el espacio deviene común no porque una autoridad lo declare público o porque exista un régimen jurídico específico, sino porque se activa a través de prácticas de commoning que configuran modos de acceso, uso y co-decisión. Un common space no es simplemente un espacio abierto al público, sino un espacio en el que las fronteras entre usuarios y gestores se difuminan, y en el que la comunidad implicada asume responsabilidades compartidas sobre el cuidado del lugar. En estos procesos, el común no es una propiedad del espacio, sino una cualidad de las relaciones que se establecen en y a través de él.
Stavrides insiste además en el carácter ambivalente de estos procesos. Por un lado, los common spaces pueden funcionar como refugios frente a las lógicas de expulsión, proporcionando infraestructuras mínimas para la cooperación, la ayuda mutua y la articulación política. Por otro, corren el riesgo de ser reabsorbidos por las estrategias de valorización urbana -convertidos en símbolos de "vida de barrio" o "creatividad ciudadana" que alimentan procesos de gentrificación- o de replegarse sobre comunidades cerradas que protegen sus propios privilegios. De ahí la importancia de pensar el común no como un estado alcanzado de una vez por todas, sino como un proceso conflictivo que debe sostenerse en el tiempo mediante decisiones siempre revisables sobre quién entra, quién decide y quién se beneficia.
Los espacios asamblearios urbanos se sitúan en el corazón de estas tensiones. Por su propia lógica, tienden a articular lo espacial, lo organizativo y lo afectivo: son al mismo tiempo lugares de encuentro, dispositivos de deliberación y ensamblajes materiales que requieren trabajo constante de mantenimiento. En muchos casos, su existencia depende de acuerdos precarios con administraciones públicas, de la movilización de redes vecinales o de la capacidad de los colectivos implicados para sostener una presencia continuada frente a posibles intentos de desalojo o reconfiguración. Esta fragilidad no impide, sin embargo, que funcionen como laboratorios de lo común en territorios marcados por la desigualdad y la desposesión.
La Actor-Network Theory (ANT) permite profundizar en la comprensión de estos espacios como ensamblajes sociotécnicos. Desde esta perspectiva, la agencia no reside exclusivamente en los sujetos humanos que participan en las asambleas, sino que se distribuye entre una diversidad de actantes: herramientas, bancales, cerraduras, farolas, ordenanzas municipales, plataformas digitales, reglamentos de cesión, planos técnicos, etcétera (Latour, 2005). Un huerto autogestionado, por ejemplo, no es solo un grupo de personas que cultiva colectivamente, sino una red de elementos heterogéneos que deben mantenerse en relación: semillas, agua, llaves, mangueras, calendarios de riego, turnos de limpieza, redes sociales, señalética dirigida a visitantes, actas de asamblea y permisos administrativos.
El texto de Latour y Yaneva (2008) sobre la arquitectura como "objeto en movimiento" resulta especialmente sugerente para pensar los espacios asamblearios. Frente a la tendencia a considerar los edificios y espacios construidos como entidades estáticas, los autores proponen seguir sus transformaciones en el tiempo, atendiendo a las controversias, negociaciones y reconfiguraciones que los atraviesan. Aplicado a un centro social o a un solar recuperado para uso común, este enfoque obliga a reconstruir cómo cambian los usos, las circulaciones, los dispositivos de control, las narrativas y los vínculos con el entorno urbano. El espacio asambleario aparece, así como una arquitectura en permanente proceso de reensamblaje, en la que cada modificación -una nueva normativa, una valla, la apertura de un acceso, la instalación de una pérgola o la reubicación de un escenario- reconfigura, aunque sea mínimamente, las posibilidades de encuentro y de acción colectiva.
Mirar los espacios asamblearios como common spaces y como ensamblajes sociotécnicos permite, además, iluminar las dimensiones relacionales de las prácticas de commoning. La capacidad de una asamblea para sostener reuniones regulares, organizar actividades, alojar iniciativas de apoyo mutuo o articular reivindicaciones urbanas depende, en buena medida, de la disponibilidad y estabilidad de ciertas infraestructuras: un lugar relativamente protegido de la lluvia y del frío, accesible desde distintos puntos de la ciudad; un sistema de iluminación y sonido para los encuentros; algún tipo de almacenamiento seguro para materiales; conexiones digitales que permitan coordinar tareas y difundir información. Cada una de estas infraestructuras se convierte en un nodo donde confluyen decisiones técnicas, recursos económicos, normativas y acuerdos políticos.
En contextos de "geografías fracturadas", estos espacios adquieren una relevancia particular. En barrios sometidos a dinámicas de expulsión, turistificación o abandono, la existencia de un espacio asambleario puede suponer la diferencia entre la dispersión de iniciativas y la posibilidad de articulación de un tejido colectivo. No obstante, su inserción en territorios atravesados por desigualdades profundas introduce tensiones difíciles de resolver: ¿cómo evitar que el espacio se convierta en un enclave aislado del entorno inmediato?, ¿qué mecanismos garantizarán que no se limite a una minoría activista ya politizada?, ¿cómo gestionar las presiones externas -administrativas, inmobiliarias, policiales- que tratan de reconfigurar o neutralizar su potencia instituyente?
Infraestructuras vivas de lo común
Abordar estas preguntas exige situar los espacios asamblearios no solo como escenarios donde se discute sobre lo común, sino como ensamblajes que actúan de manera directa en la construcción política del espacio del común.
La expresión "infraestructuras vivas de lo común" busca captar una doble dimensión de los espacios asamblearios urbanos. Por un lado, subraya su carácter infraestructural: su función de soporte o base material y organizativo para prácticas de commoning que incluyen desde la gestión compartida de recursos hasta la articulación de demandas políticas y la provisión de cuidados. Por otro, señala su cualidad viva: su condición de ensamblajes inestables, sometidos a cambios continuos, sostenidos por trabajo cotidiano y atravesados por conflictos internos y presiones externas.
En la ciudad poliédrica contemporánea, estas infraestructuras vivas operan a contracorriente de las dinámicas que producen la ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres (Secchi, 2013). Mientras que las infraestructuras oficiales tienden a reforzar la segmentación líneas de transporte que conectan prioritariamente áreas de alto valor inmobiliario, equipamientos culturales concentrados en zonas centrales, dispositivos de seguridad que protegen determinados entornos comerciales-, los espacios asamblearios tienden a reorientar, aunque sea de forma localizada, flujos y accesos. Un centro social que abre sus puertas a colectivos diversos, un huerto que organiza comedores comunitarios o una plaza apropiada como foro de deliberación pueden generar circuitos alternativos de circulación de personas, recursos e información.
Sin embargo, estos espacios no deben idealizarse. A diferencia de las grandes infraestructuras consolidadas -redes de transporte, sistemas de suministro de agua o energía, plataformas logísticas- las "infraestructuras vivas del común" se sostienen sobre bases frágiles: voluntariado intermitente, recursos económicos limitados, cesiones temporales, acuerdos informales con administraciones públicas y tolerancia variable por parte de propietarios y fuerzas de seguridad. Esta fragilidad forma parte de su condición misma: su existencia depende de la capacidad de las redes implicadas para seguir produciendo vínculos, generar relevancia social y resistir procesos de deslegitimación o expulsión.
Desde la perspectiva de la construcción política del espacio, estas "infraestructuras vivas" pueden entenderse como intentos de reorientar, a pequeña escala, las reglas que gobiernan el acceso y el uso del territorio urbano. En lugar de aceptar pasivamente la distribución desigual de equipamientos y servicios, los colectivos activan procesos de reapropiación que ponen en juego modelos alternativos de propiedad, de temporalidad y de uso. La cesión de un local municipal a un proyecto comunitario, por ejemplo, puede reinterpretarse como una transformación parcial del régimen de propiedad: el espacio deja de actuar como dependencia administrativa para convertirse en un nodo de iniciativas sociales que escapan, al menos en parte, a las lógicas burocráticas. Un solar en desuso que se convierte en huerto o en plaza autogestionada transita de ser un activo inmobiliario en espera de valorización a ser una infraestructura para la vida cotidiana de un barrio.
Estas transformaciones no suponen, sin embargo, una salida total del marco institucional. Como muestran tanto De Angelis (2017) como Dardot y Laval (2015), los procesos de commoning emergen y se sostienen en una tensión constante con el Estado y el mercado. Las "infraestructuras vivas del común" deben negociar permisos, adaptarse a ordenanzas, buscar financiación o recursos en sistemas económicos que no controlan, enfrentar inspecciones y, en ocasiones, procedimientos de regularización que pueden desactivar parte de su potencia instituyente. La ciudad fracturada se hace presente en estos tránsitos: no es lo mismo negociar una cesión temporal en un barrio periférico marcado por la estigmatización que en un entorno central donde el proyecto puede ser integrado en discursos de innovación social o participación ciudadana funcionales a la valorización urbana.
Esta ambivalencia plantea una cuestión crucial: ¿en qué condiciones las infraestructuras vivas de lo común contribuyen efectivamente a reconfigurar las geografías fracturadas de la ciudad y en qué condiciones se limitan a funcionar como válvulas de escape o como elementos decorativos de políticas urbanas continuistas? Una primera respuesta pasa por atender a su capacidad de articular conexiones más allá del propio espacio. Cuando un huerto, un centro social o una plaza asamblearia logran conectarse con redes de vivienda, de educación, de salud o de cultura, su función infraestructural se amplifica: dejan de ser islotes de autogestión para convertirse en nodos de un entramado más amplio de resistencias y experimentaciones urbanas.
Una segunda respuesta remite a las formas de apertura y de hospitalidad que estos espacios son capaces de sostener. Siguiendo la preocupación de Stavrides (2016) por los "comunes de umbral", cabe preguntarse hasta qué punto las infraestructuras vivas del común mantienen permeables sus fronteras, evitando convertirse en entornos cerrados sobre comunidades identitarias o núcleos activistas ya consolidados. En contextos de alta desigualdad y racialización del espacio urbano, esta cuestión es particularmente delicada: sin estrategias explícitas de inclusión, un proyecto nacido con vocación de común puede reproducir, de hecho, exclusiones de clase, de género, de origen o de edad presentes en el entorno.
Por último, resulta pertinente considerar las temporalidades implicadas. Muchas de estas redes sociotécnicas están marcadas por una cierta intermitencia: ciclos de activación y de declive, momentos de alta intensidad política y periodos de mantenimiento discreto, proyectos que se transforman o se disuelven ante cambios en las condiciones del entorno. Lejos de entender estas variaciones únicamente en términos de éxito o fracaso, la perspectiva adoptada invita a leerlas como parte de un proceso más amplio en el que se prueban, se sedimentan o se abandonan distintas formas de organizar lo común. La ciudad fracturada es también una ciudad atravesada por capas de intentos, de experimentos, de ruinas y de memorias de proyectos colectivos.
En conjunto, pensar los espacios asamblearios como infraestructuras vivas de lo común permite articular empíricamente los niveles analíticos desplegados a lo largo del artículo. Por un lado, se inscriben en las geografías fracturadas producidas por las dinámicas de desposesión y expulsión descritas por Davis, Sassen y Secchi; por otro, materializan, en ensamblajes concretos, las intuiciones de Lefebvre, Harvey, Hardt y Negri, Dardot y Laval y De Angelis sobre la dimensión espacial y conflictiva de lo común.
Conclusiones
Partiendo del relato clásico inaugurado por Hardin (1968) sobre The Tragedy of the Commons y de su revisión institucionalista por parte de Ostrom (1990, 2010), se ha señalado tanto la relevancia como los límites de una aproximación centrada en el diseño de arreglos de gobernanza para recursos compartidos. Las contribuciones de Dardot y Laval (2015), De Angelis (2017) y Hardt y Negri (2004, 2009) han permitido ampliar el horizonte, entendiendo lo común como principio político, como proceso de commoning y como campo de lucha ontológica en torno a formas de vida cooperativas.
Sobre esa base, el artículo ha incorporado la perspectiva de la producción del espacio, retomando las intuiciones de Lefebvre (1968, 1974) y las lecturas de Harvey (2013) sobre el derecho a la ciudad y la acumulación por desposesión. Esta incorporación ha permitido mostrar que los conflictos en torno a lo común no pueden comprenderse plenamente sin atender a las formas urbanas, las infraestructuras y los dispositivos técnicos que organizan la ciudad. Lo que está en juego no es solo quién gestiona determinados recursos, sino quién tiene acceso a qué espacios, en qué condiciones y mediante qué configuraciones infraestructurales.
En diálogo con los diagnósticos de Davis (1990), Sassen (2014) y Secchi (2013), se ha propuesto la noción de geografías fracturadas para dar cuenta de la manera en que la desigualdad se inscribe en el territorio urbano. La distinción entre ciudad de los ricos y ciudad de los pobres no se limita a describir distribuciones desiguales de renta, sino que remite a regímenes diferenciados de infraestructuras, de protección y de reconocimiento. La ciudad contemporánea aparece como un mosaico de fragmentos regidos por reglas distintas, en los que la permanencia, la movilidad, la exposición al riesgo y la capacidad de influencia política se distribuyen de manera profundamente desigual.
Frente a este paisaje, los espacios asamblearios urbanos han sido analizados, a partir de la propuesta de Stavrides (2016), como common spaces en los que se ensayan prácticas de commoning que reconfiguran, aunque sea de forma parcial y precaria, las relaciones entre propiedad, uso y co-decisión. La lectura de estos espacios desde la Actor-Network Theory (Latour, 2005; Latour & Yaneva, 2008) ha permitido subrayar su condición de ensamblajes sociotécnicos y su dimensión infraestructural: lejos de ser meros escenarios, funcionan como dispositivos que sostienen, distribuyen y condicionan formas de vida en común.
La noción de "infraestructuras vivas de lo común" ha servido para nombrar esta doble condición: infraestructuras porque actúan como soportes materiales y organizativos para prácticas de cooperación y ayuda mutua; vivas porque dependen de trabajo cotidiano, están sujetas a cambios constantes y se sostienen en contextos marcados por tensiones, negociaciones y amenazas de desposesión. Insertas en espacialidades discontinuas y fragmentadas, estas infraestructuras pueden contribuir a abrir fisuras en la ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres (Secchi, 2013), pero también pueden ser cooptadas, desplazadas o neutralizadas por las mismas lógicas que buscan cuestionar.
En conjunto, la propuesta de pensar el común desde la construcción política del espacio ofrece varias aportaciones al debate. En primer lugar, desplaza el énfasis desde la gestión eficiente de recursos hacia el análisis de los ensamblajes espaciales e infraestructurales que hacen posible -o imposible- sostener la vida común. En segundo lugar, permite articular en un mismo marco analítico diagnósticos sobre la fragmentación urbana, teorías críticas de lo común y estudios empíricos sobre espacios asamblearios y prácticas de commoning. En tercer lugar, abre un campo de reflexión sobre las formas de intervención en la ciudad: más allá de la creación de "espacios participativos" o de la promulgación de cartas de derechos, se trata de interrogar cómo se configuran las bases concretas que permiten a determinados colectivos aparecer, reunirse, decidir y permanecer.
Este trabajo abre una línea de investigación sobre espacios asamblearios urbanos en Madrid. En esa línea, una prolongación necesaria del trabajo aquí presentado consiste en profundizar en el análisis etnográfico de casos concretos, atendiendo a sus genealogías, a las disputas internas que los atraviesan y a sus relaciones con otros actores urbanos -administraciones, dispositivos de planificación, movimientos sociales, redes de barrio-. Asimismo, será necesario explorar comparativamente cómo la morfología espacial opera en distintos contextos, tanto dentro como fuera de Europa, y cómo se reconfiguran las formas de lo común en escenarios marcados por infraestructuras virtuales: algorítmicas y plataformas digitales.
Más allá de su especificidad disciplinar, el giro hacia la dimensión espacial de los espacios sociales que se propone en este artículo invita, en última instancia, a reconsiderar el lugar de la ciudad en las luchas contemporáneas por lo común. Lejos de ser un mero telón de fondo, la ciudad es una infraestructura viva de poder y de posibilidad: un entramado de calles, edificios, redes y dispositivos donde se decide, día a día, quién puede habitar, quién puede hablar y quién puede ser escuchado. Pensar lo común desde ahí -desde las formas concretas en que el espacio se produce, se fractura y se rehace- es una tarea ineludible para quienes buscan comprender y transformar las condiciones materiales de la vida colectiva en el presente.
